Sentencia A. 1982/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1982/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Controversias sobre relaciones laborales con empresas de servicios temporales cuando la entidad pública es usuaria y la regla de vinculación es de trabajador oficial

 

(...) La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales -salariales y prestacionales- tanto a la empresa temporal como a la usuaria, a pesar de que esta última sea una entidad pública, cuya regla general de vinculación de personal sea la del empleo público, cuando dentro del trámite se desvirtué tal parámetro de vinculación. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 105 del CPACA y la regla residual de competencia del artículo 2.5 del Código de Procesal del trabajo.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1982 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3775

 

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué y el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Carta Política, profiere el presente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones. El 11 de noviembre de 2020[1], Jairo Espinoza Bohórquez, Diana Patricia Arango Giraldo, Lucia Peña Giraldo, María Irma Rodríguez Tique, Reinaldo Ochoa Sánchez y Rubiela Guzmán, presentaron “demanda ordinaria laboral” en contra de la Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento S.A.S. y el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante, SENA). Los accionantes pretenden que se declare la existencia de un contrato laboral entre ellos y el SENA, desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2019[2] y se ordene el pago de acreencias laborales.

 

2. Subsidiariamente, solicitaron ordenar a la Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento S.A.S. la cancelación de diferentes emolumentos propios de la relación laboral que tenían. Los accionantes consideran que, pese a que durante ese periodo de tiempo estaban vinculados a la Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento, a través de contratos de trabajo por obra y labor, prestaron sus servicios como operarios de mantenimiento y aseo, cumpliendo horario y recibiendo órdenes directas de funcionarios del SENA[3].

 

3. Decisión de la jurisdicción ordinaria laboral. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, en audiencia del 21 de noviembre de 2022[4], realizó control de legalidad al proceso y manifestó que debido a la naturaleza pública del SENA la jurisdicción ordinaria laboral no es competente para conocer de lo pretendido por los accionantes. Lo anterior, con sustento en el artículo 104[5] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en lo dispuesto por esta Corporación en autos 492 de 2021[6], 901 del mismo año[7] y 194 de 2022[8], en los que se asigna la competencia al juez de lo contencioso administrativo cuando el objeto de la controversia sea el reconocimiento de un vínculo laboral con una entidad estatal. En ese sentido, declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del proceso y ordenó su remisión a los jueces administrativos[9].

 

4. Decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Mediante auto del 16 de febrero de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué[10], declaró la falta de competencia para darle trámite a la demanda y propuso conflicto negativo de competencia con el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad[11]. El despacho sustentó su decisión en que las labores de aseo y mantenimiento, desarrolladas por los accionantes, son propias de trabajadores oficiales. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 105 del CPACA[12] y 2° de la Ley 712 de 2001[13], el auto del 21 de febrero de 2019 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda[14], la sentencia del 17 de junio de 2021 de la Subsección B de la Sección Segunda[15], ambas del Consejo de Estado y el concepto 113161 del 16 de marzo de 2022 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública[16].

 

II. CONSIDERACIONES

 

5. El caso cumple con los presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. El presente asunto satisface las reglas del Auto 155 de 2019[17] proferido por la Corte Constitucional para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Primero, acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, debido a que existe una autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otra de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, y ambas niegan ser competentes para resolverlo. Segundo, demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, en tanto existe una causa judicial activa presentada por Jairo Espinoza Bohórquez, Diana Patricia Arango Giraldo, Lucia Peña Giraldo, María Irma Rodríguez Tique, Reinaldo Ochoa Sánchez y Rubiela Guzmán, en la que pretenden que se declare la existencia de un contrato laboral entre ellos y el SENA. Tercero, satisface el presupuesto normativo, porque ambas autoridades plantean una disputa legal y jurisprudencial relacionada con la competencia para conocer de la demanda. De un lado, se hace referencia a una controversia de carácter contencioso administrativa al relacionarse con el reconocimiento de un vínculo laboral respecto de una entidad estatal (artículo 104 del CPACA y autos 492 y 901, ambos del 2021 de la Corte Constitucional) y, de otro, a un asunto de carácter laboral, que plantea una controversia entre una entidad estatal y trabajadores oficiales (artículo 105 del CPACA, artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y jurisprudencia del Consejo de Estado).

 

6. Competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de controversias relacionadas con la existencia de una relación laboral con una entidad estatal. La jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con la cláusula general del 104 del CPACA conoce de “(…) las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (…)”[18]. Lo anterior, exceptuando los conflictos laborales que surjan entre entidades públicas y trabajadores oficiales. Por su parte, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, según el artículo 2.5 del Código Procesal del Trabajo[19], estudiará los casos relacionados con “[l]a ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”.

 

7. Precedente relevante[20]. La Sala Plena de esta Corporación, mediante Auto 1159 de 2021 estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales -salariales y prestacionales- tanto a la empresa temporal como a la usuaria, cuando quiera que (i) esta última sea una entidad pública, cuya regla general de vinculación de personal sea la del empleo público y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación. Lo anterior ante el posible encubrimiento de una relación laboral con el Estado, que pone en riesgo la protección de los derechos laborales de esos trabajadores[21].

 

8. En ese caso, la Corte reiteró que “(…) en principio, al juez encargado de dirimir el conflicto de jurisdicción no le corresponde hacer un análisis minucioso y exhaustivo de las funciones de quien pretende el reconocimiento de una relación laboral con el Estado o de otros aspectos que correspondan al fondo de la controversia que deberá ser resuelta por el juez natural. No obstante, para efectos de dirimir el conflicto, cuando no hay elementos suficientes que determinen con claridad la naturaleza del vínculo que podría tener el trabajador -como ocurre en algunos casos en los que se pretende que se declare la existencia de un contrato realidad con el Estado-, debe acudirse a la regla general de vinculación de la entidad correspondiente para vislumbrar razonablemente sobre cuál jurisdicción recae la competencia del asunto (…)”.

 

III. ANÁLISIS DEL CASO

 

9. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué es el competente para pronunciarse sobre este asunto porque, a pesar de que los accionantes pretenden el reconocimiento de una relación laboral con el SENA, establecimiento público del orden nacional[22], que tiene por regla general de vinculación laboral la del empleo público[23], prima facie se advierte una relación con la entidad en calidad de trabajador oficial.

 

10. De manera expresa, en el artículo 9°[24] del Decreto 2464 de 1970 dispuso que las actividades de mantenimiento y aseo, como las que ejercieron los demandantes, serán desempeñadas por trabajadores oficiales. Esa disposición desvirtúa prima facie el parámetro general de vinculación laboral del SENA y permite establecer la competencia para conocer del proceso en cuestión a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral en concordancia con el artículo 105 del CPACA y la cláusula residual de competencia del artículo 2.5 del Código de Procesal del Trabajo.

 

11. Conclusión. En consecuencia, la Sala dirime el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de determinar que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué es la autoridad competente.

 

12. Regla de decisión. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales -salariales y prestacionales- tanto a la empresa temporal como a la usuaria, a pesar de que esta última sea una entidad pública, cuya regla general de vinculación de personal sea la del empleo público, cuando dentro del trámite se desvirtué tal parámetro de vinculación. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 105 del CPACA y la regla residual de competencia del artículo 2.5 del Código de Procesal del trabajo.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones y en consecuencia DECLARAR que corresponde al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué conocer del proceso promovido por Jairo Espinoza Bohórquez, Diana Patricia Arango Giraldo, Lucia Peña Giraldo, María Irma Rodríguez Tique, Reinaldo Ochoa Sánchez y Rubiela Guzmán en contra de la Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento S.A.S. y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3775 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué para lo de su competencia, y para que comunique la presente providencia al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad, así como a los interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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